miércoles, 6 de noviembre de 2013

La tortilla nacional (IV): Entre todos la mataron



(Artículo publicado el 6 de noviembre de 2013 en el diario La Opinión de Murcia)




          Si las competencias y las administraciones públicas de las Comunidades Autónomas eran las patatas y las cebollas  a medio pelar que se iban añadiendo a la tortilla nacional, los huevos no podían ser más que los mecanismos correctores previstos en la Constitución y en las leyes para hacer frente a las desviaciones del sistema. Pues bien, a la vista del resultado podemos afirmar que los huevos estaban algo pasados.
Los órganos constitucionales de supervisión, empezando por el propio Tribunal Constitucional, no han mejorado el modelo. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, que es el órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas de las Comunidades Autónomas, lo ha venido haciendo, sí, pero con seis años de retraso, de manera que sus informes y conclusiones, nacidos siempre con la fecha de caducidad cumplida, han resultado ineficaces por la sencilla razón de que nadie les hace caso. Pero es en las cuestiones de cooperación y de coordinación política y administrativa, asuntos capitales en cualquier Estado moderno y en mucha mayor medida en los Estados compuestos como el nuestro, donde el fracaso se muestra con más estrépito. Ya comenté en un artículo anterior que el Estado sólo había hecho uso una vez de la herramienta constitucional de las leyes de armonización, con tan mala fortuna que, tras la intervención del Tribunal Constitucional, la flamante Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico de 1982, la LOAPA, quedó convertida en la “loapilla” al perder la mayor parte de sus contenidos, de manera que las Comunidades Autónomas, ya desbocadas, se lanzaron a un galope tendido por la escarpada senda autonómica. Por su parte, las Conferencias Sectoriales integradas por el Ministro y los respectivos Consejeros Autonómicos del ramo han resultado herramientas poco útiles y escasamente efectivas, con la única excepción tal vez del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, sin embargo, continúa buscando la piedra filosofal de la financiación autonómica al gusto de todos.
La Constitución Española, tan recatada ella a la hora de llamar a las cosas por su nombre, no consideró necesario recoger una herramienta que había sido puesta en marcha con notable éxito en ciertos países civilizados como Alemania, Canadá, Austria o Suiza. Me refiero a la “cumbre de presidentes regionales”, nacida en la Alemania de post guerra para paliar el vacío de poder provocado por la caída del Reich nazi y que, tras la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania de 1949, quedó configurada como un órgano fundamental de cooperación entre el Estado Federal y los Länder alemanes. En España, el vacío constitucional se pretendió cubrir con la creación y puesta en marcha de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, en la que habían de compartir mesa y mantel el Presidente del Gobierno del España y los Presidentes de las distintas Comunidades Autónomas. En todos estos años la Conferencia ha sido convocada únicamente en cinco ocasiones, la primera en fecha tan tardía como el año 2004 y la última en el año 2013, y en todas ellas se ha limitado a ser un inoperante escenario en el que las intervenciones quedaban circunscritas a unos minutos escasos por presidente para hablar “de lo suyo” y nunca “de lo nuestro”, lo que ha empobrecido el debate y dificultado la adopción de acuerdos operativos.
Sumen a todo ello que los grandes partidos políticos nacionales y regionales se han mostrado muy remisos a la hora de plantearse la reforma del estado de las autonomías, o la limitación de alguna de las funciones de las Comunidades Autónomas, o el  reintegro al Estado de determinadas competencias autonómicas en cuya gestión se han mostrado aquéllas especialmente incompetentes. Añadan a la tortilla nacional la proliferación de corruptelas en la esfera autonómica e incorporen además el hecho de que los partidos políticos y los diferentes gobiernos no hayan desarrollado una eficaz política ejemplarizante. El Estado de las Autonomías nunca levantó pasiones en el común de los mortales, si bien tampoco les quitaba el sueño. Sin embargo, es un hecho incontestable la disminución progresiva del grado de aprecio por el estado autonómico que han experimentado los ciudadanos en estos últimos años, circunstancia que además se ha visto especialmente agravada por la extrema dureza de la crisis económica, hasta el punto de que las Comunidades Autónomas son ya percibidas por la sociedad española como una de las causas de la crisis económica, si no la principal de ellas.
Y aunque parezca contradictorio, a quien le viene de perlas la decadencia del estado autonómico no es al centralismo unitario, sino al separatismo más exacerbado. Ya lo escribió Salvador de Madariaga en su ensayo titulado De la angustia a la libertad:  “para ir a la separación hay que matar la autonomía y viceversa”.
Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en España.

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