martes, 31 de julio de 2012

Más madera



(Artículo publicado el 31 de julio de 2012 en el diario La Opinión de Murcia)


Tengo la certeza de que mi artículo de la semana pasada titulado “Paren que me bajo” fue del gusto de muchos y del disgusto de unos pocos. Podría haber sido al revés pero me da la impresión de que son muchos más los que están indignados con el comportamiento de nuestros dirigentes, a diestra y a siniestra, que los que les hacen la ola. Con esto no quito un ápice de mérito, y de eficacia, a muchas decisiones impopulares que ha adoptado valientemente el Gobierno de España, aún a sabiendas de la sangría de votos que ello supone. A diferencia del gobierno que presidió aquel supervisor de nubes metido a fontanero, que se empeñó en negar la crisis y la deprimente realidad económica hasta después de muerto, el gobierno de Mariano Rajoy no solo no ha negado la cruda realidad sino que ha tenido que envainársela, la espada del programa electoral, se entiende, al tener que adoptar muchas medidas de restricción que no solo no estaban en su programa electoral sino que, en muchas ocasiones, lo contradecían abiertamente. Mientras tanto, la izquierda, fiel a sus principios y con arreglo a los ensayos generales que puso en práctica con los perroflautas, ha sacado a la gente a la calle y la va a seguir sacando en un ejercicio colosal de cinismo político.
No, no estoy a gusto con las medidas que ha adoptado el Gobierno, no puedo estarlo si echo un vistazo a mi economía maltrecha de funcionario, pero lo estoy aún menos con las medidas que todavía no ha adoptado. La semana pasada les citaba unas cuantas, incluida la reforma urgente y celérica de la Constitución Española para suprimir ciertas instituciones cuya existencia podría ser calificada de poco eficiente cuando no de superflua, así como la limitación o la eliminación sin más de algunos derechos y prebendas que hoy más que nunca se ven como privilegios injustificados. Pero, y esto es lo que realmente me indigna, hay muchas más medidas que debieran haber sido adoptadas y no lo han sido, tal vez porque los responsables de hacerlo sepan algo que yo no sé, tal vez porque no sepan lo que yo sé, o tal vez porque aún sabiéndolo ambos yo no haya tenido los redaños de decirlo antes ni ellos los arrestos de hacerlo sin que alguien se lo reclame.
Por ejemplo. Si la crisis económica es en origen una crisis financiera que ha obligado a destinar enormes cantidades de recursos públicos para evitar el colapso del sistema financiero y bancario, no tiene mucho sentido que únicamente sean los empleados del sector público quienes soporten los recortes salariales y de derechos. Se me ocurre que tales medidas debieran ser aplicadas por igual a todos los empleados del sector privado, y muy especialmente a los empleados del sistema financiero y bancario, quienes, que yo sepa, no han visto en su conjunto disminuidas sus nóminas, ni reducidas a una sus pagas extraordinarias, ni han dejado de jubilarse anticipadamente, a los cincuenta y muy pocos años, con el cien por cien de la paga y una bonita indemnización. Y qué decir de los directivos bancarios y financieros. Éste es justamente el dinero que el Estado, es decir, ellos y nosotros, debiera haberse ahorrado en sus aportaciones para sanear el sistema bancario. A lo mejor con ese dinero en caja el Gobierno no hubiera tenido que recortar gastos en servicios públicos.
Otro ejemplo. La Corona no puede hacer mofa de los españoles que han visto recortados sus sueldos mileuristas, exhibiendo una rebaja del siete o del diez por ciento de sus sueldos de centenares de miles de euros al año. Son las Cortes Generales, es decir, los partidos políticos, quienes tienen que fijar quiénes son los miembros de la Casa Real que tienen derecho a percibir emolumentos del Estado y cuáles son las cantidades máximas que han de percibir los miembros de la Casa Real en estos tiempos de especial dificultad para todos los españoles. Casi dos millones de familias españolas tienen a todos sus miembros en paro y casi un tercio de la población de la Región de Murcia está en el umbral de la pobreza. No es eso, Majestad, no es eso.
Y otro. Debe ser una Ley votada por los respectivos Parlamentos, incluido el nacional, la que imponga las restricciones retributivas de los cargos políticos y las restricciones a los propios partidos políticos, al objeto de evitarnos el bochornoso espectáculo al que estamos asistiendo perplejos e indignados: unos Ayuntamientos que “estudian la posibilidad” de que sus concejales renuncien a la paga extraordinaria de Navidad y otros que simplemente ni se lo plantean; cargos públicos que cobran por conceptos que resultan difícilmente justificados en los tiempos que corren; políticos que simultanean varias percepciones económicas públicas, sean sueldos, dietas u otras formas de retribución; representantes del pueblo famélico que no renuncian a sus planes de pensiones ni a las prebendas de los tiempos de vacas gordas.
Y como se me acaba el tiempo y el espacio, me callo y me voy con el mes de julio. Hasta luego.
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martes, 24 de julio de 2012

Paren que me bajo



(Artículo publicado el 24 de julio de 2012 en el diario La Opinion de Murcia)



            No, no fui a la manifestación del jueves pasado y no porque no esté jodido con los recortes del Gobierno, sino porque al frente de esa manifestación, encabezando la marcha, bien agarrados a la pancarta y evitando lucir el peluco de oro, iban algunos de los culpables de la mayor crisis económica y social de la reciente historia de España.
             No, no utilizarán mi presencia en una manifestación para hacer el caldo gordo a los frescos del barrio y para que sigan agarrados a los sueldos sindicales o políticos que no se ven alterados por recorte alguno.
            No, no hago bulto con los que estuvieron durante años dando la espalda a la que se nos venía encima, los mismos que, en tanto cobraban sus cuantiosas subvenciones para pitos y flautas o las pagaban igualmente para flautas y pitos, aplaudían a rabiar al mandamás de turno, fuera el de la ceja o el barón regional rampante.
            No, no me dio la gana de cabrearme colectivamente cuando ya lo estoy de forma individual, porque no hay día en que no me acuerde de que he perdido más de un veinte por ciento de poder adquisitivo en los últimos cuatro años a pesar de que todos los precios han bajado y siguen bajando, y de que mientras que yo cobro cada día menos por mi trabajo hay quienes cobran cada día más por el suyo.
No, no me siento representado por quienes insisten en proclamarse mis representantes sin haberme preguntado jamás si los acepto como tales.
No, no me sale de la válvula pilórica salir a pasear por las calles de Murcia, ni de ningún otro sitio, del brazo de quienes ahora reivindican todo lo reivindicable excepto aquello que deberían reivindicar, a saber:
            La inmediata derogación de las leyes que regulan la condición y los privilegios de los expresidentes del Gobierno, sueldos, despachos, coches y secretarias incluidas, así como su condición de Consejeros vitalicios del Consejo de Estado, pues son los responsables últimos de la situación actual que padece España.
Como consecuencia de lo anterior, el cese fulminante como Consejero del Consejo de Estado de José Luis Rodríguez Zapatero, el peor presidente de la historia y el único que ha hecho uso del privilegio, así como la depuración de sus responsabilidades como administrador de los intereses generales de España.
La supresión inmediata de todos las subvenciones públicas a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, así como al resto de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (o sea, al ciento y la madre) cuyos cargos directivos perciben sueldo o remuneración alguna por su dedicación.
La limitación por Ley de las retribuciones de los cargos políticos, que no podrán exceder por todos los conceptos de un múltiplo determinado del salario mínimo interprofesional, que en España, recordemos, está situado entre los más bajos de Europa.  
La limitación mediante Ley de los sueldos de los cargos directivos de todas las empresas que perciben ayudas públicas.
La reforma inmediata de la Constitución Española (recordemos que el artículo 135 fue modificado hace un año en un tiempo récord, sin referéndum y sin miramiento alguno, para acoger los compromisos de estabilidad presupuestaria) para hacer posible la suspensión temporal o la supresión definitiva del Senado o su transformación inmediata en Cámara de representación territorial, la supresión definitiva de las Diputaciones Provinciales, la eliminación de dos tercios de los municipios españoles y  la supresión sin paliativos de las instituciones autonómicas que reproduzcan las estatales preexistentes, tales como el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado y el Tribunal de Cuentas.
Previa la inmediata reforma de la Constitución, la reducción en dos tercios de todos los cargos políticos de representación popular, tales como Diputados del Congreso, Diputados Regionales y Concejales, y la configuración como cargos gratuitos de todos los puestos de Alcaldes, Concejales y Diputados Regionales que resten, con las excepciones que expresamente determinen las leyes.
La reforma inmediata de la legislación electoral para que las listas sean abiertas, para que haya democracia real en el seno de los partidos políticos y para que se excluya del Parlamento nacional a los partidos políticos que no alcancen un mínimo del cinco por ciento de representación en todas las circunscripciones electorales.
Y un montón de cosas más, empezando por la Corona y terminando por los perroflautas.
Cuando todo esto esté en la pancarta de la manifestación, me verán en ella. Antes, no.
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