Artículo publicado el 18 de abril de 2014 2n 2l diario La Opinión de Murcia |
En Murcia, dicen, sólo hay tres estaciones: ¡Pijo, qué
frío!, ¡Pijo, qué calor! y la estación del Carmen.
Mientras en este córner de España, ardiente y
soleado, que es la Región de Murcia andábamos ocupados en sustituir a un
presidente autonómico por otro, el primer ministro de Francia, el barcelonés Manuel Valls, anunciaba su propósito de
reducir a trece o catorce las actuales veintisiete regiones francesas,
veintidós metropolitanas y cinco de ultramar. Unos días antes, el primer ministro
de Italia, Matteo Renzi, lograba que
el Senado italiano aprobara entre otras medidas de ahorro la supresión de las
setenta y tres provincias italianas, si bien compensaba esta medida de
extraordinario alcance con la creación de diez ciudades metropolitanas. En
España, enardecido sin duda por estos ejemplos de audacia política, Miguel Sebastián, quien fuera primero
asesor áulico de Zapatero, para ser
luego su ministro de Industria y nuestro suministrador nacional de bombillas,
afirmaba hace unos días que aquí sólo debería haber tres autonomías, las
regiones históricas de Cataluña, País Vasco y Galicia, por lo que habría que
diluir las demás en una especie de sopicaldo nacional. O sea que, en lugar de
España Una, o sea Diecisiete, deberíamos ser España Cuatro y punto pelota.
No deja de ser la de Sebastián una idea
ciertamente zapaterina, es decir superficial y sacada de la manga o de la
chistera, improvisada, poco meditada y populista, pero no es en modo alguno una
idea original. Hace un par de años Tomás
Ramón Fernández Rodríguez, catedrático emérito de Derecho Administrativo de
la Universidad Complutense, que formó parte de aquella “Comisión de Expertos
sobre Autonomía” comandada por el profesor García
de Enterría sobre cuyo informe se cimentó la materialización del Estado de
las Autonomías, el profesor Fernández Rodríguez, digo, apuntó que las diecisiete
Regiones Autónomas actualmente existentes deberían quedar reducidas a no más de
trece, prescindiendo por tanto de aquellas de naturaleza uniprovincial que
quedarían integradas en otras vecinas de mayor tamaño. En el mapa autonómico
del profesor Fernández Rodríguez a Murcia le quedaba reservado el dudoso honor
de ser la cuarta provincia de Valencia.
A diferencia de Miguel Sebastián, que hacía
pública su ocurrencia más bien estimulado por la moda francesa e italiana pero con
cierta ligereza, el profesor Fernández Rodríguez amparaba su propuesta, no solo
en su dilatada experiencia nacida, como he dicho, a principios de la década de
los ochenta, sino en un documento de trabajo publicado por la Fundación Transición Española
titulado «La España de las Autonomías: un
Estado débil devorado por diecisiete ‘estaditos’». Pese al título un tanto
frívolo, el estudio constituye sin embargo un análisis acertado de la evolución
del Estado de la Autonomías. La inexistencia de un modelo de Estado en la
Constitución se debe a las concretas circunstancias históricas que conocemos
como la “transición española” que no permitieron ir más allá en la concreción
del modelo político, un híbrido entre el Estado unitario y el federal, del que
el estruendoso fracaso de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico, declarada inconstitucional en 1983, por una parte, y la propia
tensión descentralizadora, por otra, aceleraron su desquiciamiento hasta llegar
en 2006 a
la promulgación consentida y animada por el Gobierno socialista de Zapatero de
un Estatut de Catalunya de signo
inequívocamente confederal, muchas de cuyas posiciones extremas y maximalistas
fueron además sorprendentemente emuladas en las reformas estatutarias de otras
Comunidades Autónomas. Según una encuesta publicada en julio de 2012, un sesenta y seis por ciento de los
españoles pedía un recorte de las Autonomías, más de la mitad opinaba que
habría que eliminar las televisiones autonómicas y más del ochenta por ciento
creía que había que reducir el tamaño, el coste y las funciones de los
Parlamentos Autonómicos. Según Fernández Rodríguez “la ausencia de un modelo de Estado en la Constitución es sencillamente
irremediable sin una reforma decidida del Título VIII de la misma”, cuyo
objetivo debiera ser precisamente el establecimiento de un modelo territorial
claro y de perfiles bien definidos al que se aplicaría el sistema de reparto
competencial que sigue la Ley Federal Alemana, la Grundgesetz. Este sistema admite, junto a las competencias propias
de los Estados Federados, un amplísimo campo de competencias concurrentes con
el Estado Federal, en el que los Länder
también pueden legislar “mientras y en la
medida” en que el Estado Federal no lo haga. Fijar en la Constitución un
único sistema de financiación para todas la Comunidades Autónomas, transformar
de una vez el Senado en cámara de representación territorial,
constitucionalizar la Conferencia de Presidentes Autonómicos y reducir a la
tercera parte el número de Ayuntamientos españoles, son algunas de las medidas
que completarían la propuesta.
Pero qué
quieren que les diga, no lo veo claro. No hay ánimo político suficiente, ni los
nacionalismos independentistas se van a contentar con otra cosa que no sea la
autodeterminación y la independencia. Ya les comenté que Salvador de Madariaga afirmaba que el problema de su pluralidad
frente a su unidad es el más grave de cuantos asedian España. El propio Madariaga,
al referirse al nacionalismo-separatismo, señalaba en su ensayo titulado De la angustia a la libertad que, en
cierto modo, tanto el separatismo vasco como el catalán derivan del separatismo
que es innato a todos los españoles: “Todos
los españoles”, decía, “tienden a
resquebrajarse unos de otros bajo el calor de la pasión, como la tierra seca de
la Península tiende a agrietarse bajo el calor del sol”.
Y de esto del calor, en Murcia sabemos latín.
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